El pasado mes de julio, el gobierno de Estados Unidos anunció que se retiraría de la UNESCO a finales de diciembre de 2026, marcando el tercer abandono de dicho país desde la fundación de la organización en 1945.
La justificación oficial cita desacuerdos ideológicos: la agencia promueve “causas sociales y culturales divisivas,” apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ha mostrado un sesgo percibido hacia Palestina, lo que, según Washington, contraviene su política exterior.
¿Cómo impactará a Estados Unidos esta decisión?
Pese al retiro, los 26 sitios en Estados Unidos actualmente inscritos como Patrimonio Mundial permanecerán protegidos y reconocidos, incluyendo lugares emblemáticos como el Gran Cañón y la Estatua de la Libertad. Asimismo, la UNESCO no financia directamente estos lugares: son responsabilidad de los gobiernos locales o federales. Por ejemplo, en Illinois, los sitios del patrimonio están a salvo, aunque preocupan los recortes de fondos para agencias estadounidenses que colaboran con ellos, como en el caso de construcciones de Frank Lloyd Wright.
El marco jurídico que preserva estos patrimonios es la Convención del Patrimonio Mundial, a la que Estados Unidos ha permanecido inscrito desde 1973, incluso durante periodos en los que no fue parte de la UNESCO. Esta convención es un tratado independiente, lo que permite que el país siga nominando nuevos lugares y cumpliendo obligaciones aunque no sea miembro pleno de la organización.
Sin embargo, el retiro implicaría una reducción de apoyo técnico y colaborativo, así como una menor participación estadounidense en estándares internacionales, incluso en áreas como ética en inteligencia artificial, educación global o ciencia.
Aunque Estados Unidos representaba menos del 10% del presupuesto de la UNESCO, su salida impacta simbólica y financieramente, aunque la agencia afirma estar preparada para continuar operativo sin despidos.
